Los legisladores mejicanos estudiaban un proyecto de ley en donde se buscaba aumentar los tributos por partes de las empresas tabacaleras. Previamente, y en mayoría parlamentaria, los diputados se habían definido por acrecentar los impuestos que recaían sobre las tabacaleras. La sorpresa surgió cuando los mismos diputados se pronunciaron en contra de tal proyecto, pocos días más tarde.

Inmediatamente después de estas circunstancias, un diputado declaró acusando de soborno a tabacaleras, y de corrupción a los diputados que habían convertido su postura. Las empresas tabacaleras acusadas en México son British American Tobacco y Philip Morris.

El mismo diputado, Miguel Toscano, afirmó que haría lo posible por probar sus acusaciones, aclarando que no sería un trabajo fácil. Sin embargo, también afirmó que la empresa British American Tobacco les había pagado diferentes viajes a los diputados en cuestión y a sus familias, a diferentes partes del mundo.

Tabacaleras y el Estado

Según se ha investigado, las empresas tabacaleras entregan por año, a modo de donación, una cifra cercana a los 1500 millones de dólares, tras un convenio firmado en el año 2003. Al no aprobarse la ley que aumentaría los impuestos a las tabacaleras, dicho convenio se mantiene.

Sin embargo, los 13 millones de consumidores directos y los 35 millones de fumadores pasivos que hay en México, le suponen al Estado 2700 millones de dólares anuales en gastos relacionados con tratamientos causados por el tabaquismo, lo que significa una cifra cercana al doble de lo que recibe por el convenio con las tabacaleras.

Estas donaciones realizadas por las tabacaleras, dejarían de entregarse al Estado si los impuestos que la Organización Mundial de la Salud insta que paguen las empresas fabricantes de cigarrillos, para políticas y medidas antitabaco.